Alcaldesa Almadén denuncia que SEPI y Mayasa se saltan la legalidad en torno a Castilseras
Según se informa desde el Ayuntamiento de Almadén, a principios del mes de enero, se dictó una orden de ejecución subsidiaria por la que se instaba a la empresa pública dependiente de SEPI, MAYASA, a retirar todos los elementos que vienen impidiendo desde hace meses que se pueda transitar por caminos de uso público. Esta orden se dictó con todas las garantías legales una vez cumplidos todos los plazos y trámites requeridos para que el pueblo de Almadén pueda disfrutar de su derecho de tránsito por caminos que discurren por la Dehesa de Castilseras, propiedad de MAYASA, y que están incluidos en el inventario municipal. Según la regidora, ya es bastante bochornoso e incomprensible para el pueblo de Almadén que, desde el inicio del mandato del actual presidente de la empresa, que es un cargo público nombrado por el Ministerio de Hacienda, se haya venido impidiendo el tránsito por estos caminos, máxime cuando la finca de Castilseras en sus orígenes tuvo como finalidad el esparcimiento de los mineros de Almadén y la complementación de sus salarios mediante las explotación de las suertes. Pero lo que resulta del todo vergonzoso y denunciable, según la alcaldesa de Almadén, es el hecho de que los responsables de una empresa pública actúen saltándose la ley incumpliendo una orden dictada por una administración competente para ello. Ante estos hechos, el Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia tras haber advertido a los responsables de MAYASA que esta actitud podría constituir un delito penal. Según la primera edil, esta actitud por parte de los responsables de una empresa pública está suponiendo un grave perjuicio para un ayuntamiento pequeño colapsado por la sobrecarga de trabajo y se pregunta si esto es lo que ofrece el Estado a un pueblo minero que, durante siglos, se dejó la vida en la explotación de sus minas para mayor beneficio del país, concluye.
